LPI

O porqué Popeye no entra en Dominio Público mañana.

Publica el diario ABC que los derechos de autor del personaje de Popeye serán de libre utilización en Europa a partir de mañana.

Afirma el diario, que los derechos de autor finalizan a los 70 años tras la muerte del autor. Pero como ya se ha comentado en varias ocasiones, ello sólo es así en España (al menos) para los autores fallecidos con anterioridad a 1987.

Veamos lo que dice la Ley de Propiedad Intelectual.

Artículo 26:

Unos amigos, Andy, Javier, Miguel Ángel, Patrick y Sergio, han tenido a bien redactar 10 aclaraciones a la campaña del Ministerio y a la contra respuesta elaborada por terceros.

Al final se descubre que esto es más complicado de lo que parece y que las opciones no son ni blanco ni negro, sino que es necesario tener una capacidad de ver las zonas grises y encontrar un ámbito para todo y todos.

La archiconocida campaña del Minsiterio, que tanto está dando que hablar, me permite recordarle algo a nuestro querido ministro.

Quiero recordar la siguiente noticia.

"El Instituto Cervantes y el Instituo Valenciano de la Música condenados por plagiar una obra publicada con una licencia copyleft"

He tenido noticia a través del blog de CC España del lanzamiento de las licencias 3.0 adaptadas a nuestro ordenamiento jurídico.

Si bien no hay diferencias fundamentales en lo que al contenido y filosofía de las mismas se refiere, lo que es lógico, si que se adaptan a los recientes cambios consecuencia de las reformas de la Ley de Propiedad Intelectual.

Quiero poder ofrecer una breve pincelada de los cambios que he detectado en los apartados generales, presentes en todas las licencias, respecto de la versión inmediatamente anterior.

El (mal) uso de la propiedad intelectual para luchar contra la libertad de opinión sigue abriendose camino en nuestra sociedad.

Ya comenté la sentencia de primera instancia sobre el caso de La Sexta, pero creo que no se perciben las gravísimas repercusiones de la decisión del juzgado en nuestra sociedad.

El anterior artículo viene a completar este.

Es necesario conocer la tramitación de la norma para entender porque considero ilícito el canon sobre los discos duros contenido en la Orden Ministerial.

En ese anterior artículo ya califiqué la actuación del Gobierno como una desviación de poder, algo prohibido por nuestro ordenamiento jurídico, ahora desarrollaré esta idea, lo que permite que la Orden Ministerial, en lo que afecta al tema concreto de los discos duros pueda ser impugnada.

Una vez me ha quedado claro que nos han metido "un gol por toda la escuadra" por no decir otra cosa menos propia de este sitio, toca refelxioanr respecto de la aberración jurídica que supone la introducción del canon en los discos duros.

La burla absoluta que supone a la democracia y a la tramitación parlamentaria la definición de disco duro de ordenador contenida en la Orden Ministerial me resulta indignante y repugnante.

Hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado el archiconocido "canon digital".

Lo que toca pagar...

"1. Equipos multifuncionales de sobremesa, de inyección de tinta, con pantalla de exposición cuyo peso no supere los 17 kilos, capaces de realizar al menos dos de las siguientes funciones: copia, impresión, fax o escáner: 7,95 euros por unidad. Cuando supere el peso indicado será considerado como equipo o aparato con capacidad de copia y según su velocidad estándar de reproducción."

La última reforma de importancia de nuestra ley de propiedad intelectual tuvo en su tramitación uno de los más bochornosos "olvidos" que en un estado preocupado por la investigación puede darse.

Recientemente se ha conocido la sentencia de un caso curioso que puede ser muy ilustrativa sobre los objetos de protección de la propiedad intelectual y la validez y efectos jurídicos de los Registros de Propiedad Intelectual.

La reciente sentencia de Burgos (odt), que Javier tan amablemente ha puesto a nuestra disposición, viene a devolver el orden en una situación que resultaba extraña cuando se comentaba con conocidos e interesados en la materia.

En derecho hay una máxima, que reza que "quien alega algo debe probarlo".

Esto supone que si demando a una persona exigiéndole una cantidad determinada, tendré que aportar al juicio elementos de prueba suficientes que acrediten la existencia de la deuda que reclamo.

Esto es lo lógico y lo usual.

Se está produciendo en la lista copyleft (sólo para registrados ¿?????) uno de los debates de más altura e interés sobre el copyleft que ahora mismo se pueden encontrar en la red española.

No sólo se aborda el concepto copyleft como definición, sino lo que significa, las licencias que no pueden ser consideradas como tales, así como los problemas de situaciones concretas que afectan a cada uno de los autores y sus formas de ganarse la vida.

Sin embargo, toda la discusión sobre el contenido y significado del copyleft en ocasiones se aborda desde una perspectiva única y novedosa, lo que no significa necesariamente acertada.

Una de las cuestiones que en ocasiones preguntan quienes están realizando una tesis doctoral, o quienes van a iniciar la misma, es a quién corresponden los derechos sobre la misma una vez está conclusa. Como muestra este hilo en Barrapunto.

Muchas universidades hacen firmar a los alumnos un contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo el de la Universidad Autónoma de Madrid (doc) o el de la Universidad Politécnica de Valencia (doc).

Sentencia complicada de explicar la que dictó ayer, 29 de enero de 2008 el TJCE, porque su lectura no es, a mi juicio, tan clara como algunos quieren ver.